El Tribunal de Cuentas tiene las atribuciones establecidas por la Constitución y la Ley, funcionando de acuerdo con las prescripciones de las mismas y de los reglamentos que dicte el propio Tribunal.

Es el organismo fiscalizador de la gestión financiero patrimonial de la Provincia, los municipios, las empresas para estatales, las reparticiones descentralizadas y autárquicas, creadas o que se creen y como tal, solo depende de la Constitución y de la ley.

Tendrá jurisdicción en todo el territorio de la Provincia, y residirá en la Capital de la misma.

Descripción de las políticas institucionales (ente autárquico, independencia demás)